Ayer, en la farmacia del pueblo, la esposa de un médico titular ya jubilado se quejaba de los problemas que le causaba que «las recetas de MUFACE» -esto es, la Mutualidad de funcionarios de la administración del Estado – a las que hay que añadir ISFAS para militares, guardia civiles y policías i MJUE la de los funcionarios judiciales-, fruto de un convenio con la Conselleria de Salut habían pasado a ser electrónicas. De hecho, son electrónicas las de la minoría de beneficiarios de esas mutualidades (un 5% aproximadamente) que vivimos en Cataluña y que, desde siempre, hemos estado a cargo del Servei Català de la Salut (SCS) y no de las mutuas privadas que atienden a la mayoría de funcionarios.  Le dije a mi vecina que solo podría resolver el problema pasando al SCS puesto que está ahora abierto el periodo de cambio de entidad proveedora. Me respondió que no porque con las mutuas «no he de esperar para determinadas exploraciones». No es una anécdota, es la razón por la que muchos colegas, en mi caso la mayoría diría, «progres» o «pseudo progres», mantienen las mutuas privadas, bien durante los periodos de embarazo, parto y puerperio para beneficiarse de las clínicas, o bien, ya de mayores para tener fast-track en determinadas pruebas. De ahí el silencio ante la mayor privatización de la sanidad pública española de todos los tiempos.

En el contexto de la crisis de la pandemia y del nuevo papel que se está exigiendo a la atención primaria, esta situación que afecta a millones de ciudadanos en el estado, desde la cúpula del deep state hasta el último agente joven del Cuerpo Nacional de Policía, exige alguna reflexión sobre algunas de las derivadas colaterales de esta privatización masiva a cargo del erario público

¿De dónde viene este modelo mixto público privado? A raíz de la Ley de Seguridad Social de 1967 se creó AINSA, un organismo para fusionar la multitud de mutualidades que habían ido incorporándose al Seguro Obligatorio de Enfermedad desde su fundación. Pero se mantuvieron al margen las mutualidades anteriormente citadas durante el tardo-franquismo. Mi hipótesis es que por intereses corporativos nunca confesados plenamente,

AINSA se financiaba con las aportaciones de trabajadores y empresarios mientras que mutualidades dependían desde su origen  del presupuesto general del Estado. Como los funcionarios son vitalicios, nunca tuvieron sentido en las cotizaciones las, por ejemplo, del seguro del paro que se aplican a los trabajadores comunes. Esas tres mutualidades eran y son un privilegio, menos quizás ISFAS mientras la red de hospitales militares fue densa. Pero a medida que esa red ha ido amortizándose, el personal militar, guardia civiles y policías han pasado a las mutuas y eligen entre mutuas o servicios de salud autonómicos.

Cuando la Ley General de Sanidad de 1986 consagró el principio de la universalidad de la atención a cargo de los presupuestos generales del estado, no se puso en cuestión ese residuo del mutualismo funcionarial, sino todo lo contrario. El PSOE que gobernaba entonces,  asumió que un sector de la ciudadanía mantendría el privilegio de escoger sector público o privado, pero los demás trabajadores no. Este privilegio corporativo estaba en contradicción con la idea de un servicio de salud universal e igualitario que es uno de los mayores rasgos identitarios de la cultura social y política europea  y de Australia, Canada y Nueva Zelanda. Se trata de una cultura política que quiere garantizar al conjunto de la ciudadanía una oferta sanitaria de primera línea que pueda atender a todas las eventualidades. También a una crisis pandémica como esta.

Un dispositivo público debe ofrecer salud pública, atención primaria, atención primaria especializada, asegurar los cuidados a largo plazo y ofrecer un escalonamiento hospitalario descentralizado para asegurar la equidad a los ciudadanos que viven lejos de las grandes aglomeraciones urbanas. Un equipamiento fundamental en la formación de todos los profesionales de la salud salud. La crisis del coronavirus en los Estados Unidos y en Brasil pone en evidencia la inexistencia de algo parecido y, en el segundo el desmantelamiento por Bolsonaro y sus secuaces del dispositivo asistencial propugnado hace unas tres décadas en Brasil por el Partido del Trabajo. Aunque en España ha mandado el monofachito hasta 2018, el trifachito actual allá donde puede, pretende aplicar lo que ni el PP hizo en tiempos de mayoría absoluta, avanzar hacia un modelo hegemónicamente privado centrado en proveedores que son sociedades mercantiles. Algunos de sus talibanes neoliberales, en especial de Ciudadanos que son los más peligrosos, apostarían por ofrecer el modelo dual de las mutuas a todos los ciudadanos o desgravar las cuotas a los seguros libres a los ue tienen capacidad económica para pagar dos veces los seguros médicos.

La crisis del covid19 se ha cebado en Madrid por distintas razones, pero tener que construir por parte de la UME un hospital de 5000 camas en IFEMA supone que el dispositivo asistencial de la «capitalísima» no era precisamente el mejor. Es la única CCAA que ha tenido que hacerlo .

Nadie ha hablado de la proporción de funcionarios afiliados a los seguros privados en la Comunidad de Madrid: Estado, Fuerzas Armadas, judicatura, Universidades, enseñanza primaria y secundaria, etc… Supongamos que un quinto -hipotéticamente -. Eso explica que el Servicio Madrileño de Salud limite su dispositivo de primaria a los escasos funcionarios «progres» que están en el sector público y a las clases medias y populares. El presunto must que supone la sanidad privada a costa del estado, lo pagan el conjunto de contribuyentes directamente a las sociedades mercantiles. En mi inocencia creo que esto es una privatización descarada anterior a la presunta privatización y a los recortes posteriores a la crisis de 2008. En todo caso lo que se racionó – recortó -, fue el sector público, no el acceso a la privada de esa masa funcionarial.

La izquierda suele hablar mucho de la «privatización» de la sanidad catalana o de la pepera. No lo hace del modelo de mutualismo privado de los funcionarios heredado del franquismo puro y duro. Lo he explicado en ágoras científicas y a veces me miran como un extraterrestre. Supongo que porque no han pensado en el peso que los lobbys del funcionariado han tenido en los criterios de priorización presupuestaria tras casi 23 años de gobiernos del PSOE. Vale la pena recordar que, en la inmensa mayoría de CCAA, la cifra de beneficiarios de las mutuas no ser tan alta en proporción al del peso del empleo no funcionarial.

El problema del mutualismo funcionarial es que las mutuas privadas no asumen más que la demanda de enfermedad y tienen dimensionados sus servicios en función de cálculos sobre la incidencia de determinadas patologías. Por eso ningún seguro privado atiende en hospitales propios a quemados severos u a otras especialidades y terapéuticas. Se derivan al sector público, y nunca he tenido claro que pasen la factura. Sucedía lo mismo hasta hace poco con los accidentes de tránsito. Iban al sistema público y luego se traspasaban al privado…

Tras la crisis de las UCI de marzo y abril, la ciudadanía ha descubierto que los chicos y chicas de primaria – los viejos ambulatorios-, son los que, junto a la conciencia civil de la ciudadanía, están parando la pandemia. La interlocución entre ciudadanía y servicios de primaria deberá ser, en adelante, fundamental a escala no tanto estatal, sino especialmente local. El sector privado no puede hacerlo porque en su oferta de servicios solo está para responder a la demanda de enfermedad, y no va a invertir en enfermería comunitaria ni vigilancia epidemiológica.

En Estados Unidos, un dispositivo de seguros privados clasista y el semi desmantelamiento del Center of Disease Control que està en Atlanta – y no en Washington-, explican en buena parte de la mortalidad de clase y etnia. Desde los tiempos de los consejos de salud de las ciudades de Europa, las autoridades civiles ya eran plenamente conscientes la dimensión política de la gestión de las crisis de salud. La creación de la Dirección general de Sanidad en España iba en el mismo sentido. El erario público asumía las responsabilidades en prevención y promoción de la salud. La infrafinanciación del dispositivo sanitario en España especialmente de la atención primaria y de la salud pública desde el tardofranquismo, el hospitalocentrismo del dispositivo, y el mantenimiento de privilegios de carácter corporativo en un sector de la ciudadanía ha permitido disimular la desinversión en atención primaria y, en vigilancia epidemiológica, dos campos que para los beneficiarios de las mutuas del Deep state les importa un carajo. ¿Como yo, Juez del Supremo voy a mezclarme en una sala de espera con mahgrebies o con mi tata filipina? ¿Como yo abogado del Estado o Catedrático deberé esperar a que me practiquen una ecografía seis u ocho meses? «Ud. no sabe con quien está hablando». Yo soy funcionario jubilado y me avergüenzo de que mis compañeros de izquierdas sigan hablando, sin criterio ninguno, de la «privatización» catalana pero sigan manteniendo su afiliación a las mutuas privadas alentadas por el Estado.